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El “nuevo” campo de batalla

Posted by rafasb en 15 junio 2009

Nuevo entre comillado, ya que la guerra entre los organismos estatales y las empresas, unos por la regulación y otros por la desregulación, no es nada novedoso.

Esta vez la comisión europea, en concreto la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha anunciado unas recomendaciones de regulación en los países miembros para garantizar que las nuevas redes de alta velocidad, que alcanzarán los 80 Mbps de descarga, también sean desplegadas en zonas no rentables. Obviamente esto ya les duele a las empresas del sector, ya que eso de acometer inversiones no rentables o de escasa viabilidad no encaja en la lógica empresarial.

Quizá lo más interesante de la propuesta es la intención de crear un marco regulatorio europeo, que fomentaría, esperemos más que hasta ahora, la posibilidad de contratar servicios de cualquier compañía europea.

El servicio universal es uno de los conceptos más ampliamente considerados a la hora de regular el mercado de las telecomunicaciones. Garantizar el acceso al servicio, es una de las premisas de los reguladores. Los estados deben de esforzarse e imponer las normas y leyes que garanticen que aquellos servicios que se consideran básicos, realmente están al alcance de todo el mundo.

La definición que la ley española hace del servicio universal es: “el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.”. Es decir, que sin importar donde, el servicio debe ser prestado con calidad y a un precio razonable. La necesidad de crear este término y regular o legislar en esta materia surge tras la liberalización del sector, es decir, tras dejar de ser un servicio público y regirse por las reglas de la libre competencia.

Por tanto, el estado y los organismos reguladores realizan la labor de velar porque los ciudadanos tengamos acceso a los servicios en condiciones que no sean abusivas, controlando las actuaciones de las empresas, bien garantizando la verdadera competencia y evitando que las empresas abusen de posiciones dominantes, bien evitando y vigilando que las empresas del sector acuerden un reparto del mercado.

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